Qué dice la Decreto Ley 1.328

FIJA NORMAS PARA LA ADMINISTRACION DE FONDOS MUTUOS Núm. 1.328.- Santiago, 11 de Enero de 1976.- Vistos: lo dispuesto en los decretos leyes N°s 1 y 128, de 1973, y 527, de 1974,

la Junta de Gobierno de la República de Chile ha acordado dictar el siguiente

Decreto ley:

Título I

De los Fondos Mutuos y de las Sociedades

Administradoras

Fondo Mutuo es el patrimonio integrado por aportes de personas naturales y jurídicas para su inversión en instrumentos financieros, que administra una sociedad anónima por cuenta y riesgo de los partícipes o aportantes.

Los aportes de los partícipes se harán en dinero efectivo y quedarán expresados en cuotas del Fondo, todas de igual valor y características. Las cuotas se representarán por certificados nominativos y se considerarán valores de fácil liquidación para todos los efectos legales.

La administración de los Fondos Mutuos será ejercida por sociedades anónimas cuyo exclusivo objeto sean tales administraciones, y su fiscalización corresponderá a la Superintendencia de Compañías de Seguros, Sociedades Anónimas y Bolsas de Comercio.

Para los efectos antes indicados, la Superintendencia podrá examinar sin restricción alguna todos los libros, carteras y documentos de la sociedad administradora y, en general, solicitar todos los datos y antecedentes que le permitan imponerse del estado, desarrollo y solvencia de la administración y de la forma en que cumpla las prescripciones legales, pudiendo ordenar las medidas que fueren menester, para corregir las deficiencias que encontrare.

La Superintendencia podrá revocar la autorización de existencia de la sociedad administradora en los casos de infracción grave a las normas legales que rijan a los Fondos Mutuos o cuando de las investigaciones que se practiquen resulte que la administración se ha llevado en forma fraudulenta o manifiestamente descuidada.

Disuelta la sociedad administradora, por revocación de la autorización de su existencia o por cualquier otra causa, se procederá a la liquidación del o los Fondos que administre, salvo en el caso que más adelante se trata. La liquidación será practicada por la Superintendencia con todas las facultades y deberes que la ley impone a los liquidadores de las sociedades anónimas, siendo los gastos de la liquidación de cargo de la sociedad administradora. En casos calificados, por resolución fundada, la Superintendencia podrá autorizar a la propia sociedad para que la practique, siempre que la revocación de la autorización de existencia no haya sido por administración fraudulenta ni manifiestamente descuidada.

La Superintendencia, sea o no con ocasión de la disolución de la sociedad, podrá autorizar el traspaso de la administración del Fondo a otra sociedad de giro similar, en las condiciones que determine. Con todo, cuando se haya revocado la autorización de existencia en razón de haberse comprobado administración fraudulenta o manifiestamente descuidada, no procederá esta autorización.

Los Fondos Mutuos y las sociedades administradoras de ellos se regirán por las disposiciones de este decreto ley y las de su reglamento, y por las que se establezcan en los respectivos reglamentos internos, aprobados para cada Fondo por la Superintendencia.

Las sociedades administradoras se constituirán con arreglo a las disposiciones legales y reglamentarias que rijan para las sociedades anónimas, además de las que aquí se establecen.

Para obtener la autorización de su existencia, las sociedades administradoras deberán comprobar un capital pagado en dinero efectivo, no inferior a un mil sueldos vitales anuales de Santiago.

La Superintendencia exigirá de las sociedades que administren más de un Fondo, un capital de hasta mil de dichos sueldos por cada Fondo que administren.

Las sociedades administradoras no podrán iniciar sus funciones mientras la Superintendencia no apruebe el Reglamento interno de cada uno de los Fondos que administrarán y el texto de los contratos que deberán suscribir con los partícipes.

Del mismo modo no podrán iniciar la administración de un nuevo Fondo mientras la Superintendencia no otorgue las autorizaciones referidas en el inciso anterior.

Las operaciones del Fondo serán efectuadas por la sociedad administradora, a nombre de aquél, quien será el titular de los instrumentos representativos de las inversiones realizadas.

Las operaciones relativas al patrimonio de la sociedad administradora se contabilizarán separadamente de las del Fondo. Asimismo, cuando administre más de un fondo, las operaciones de cada uno de ellos se contabilizará separadamente.

La remuneración de la sociedad por su administración y los gastos de operación que puedan atribuirse al Fondo, deberán establecerse en el reglamento interno respectivo, de acuerdo con las normas que disponga el reglamento de este decreto ley. Sin embargo, en ningún caso la remuneración podrá exceder de un 3% anual del valor total del o de los Fondos, después de deducida dicha remuneración, ni los gastos de operación de un 1% del referido valor.

Los fondos mutuos deberán tener a lo menos treinta partícipes al cabo del primer mes de funcionamiento. Transcurrido seis meses, el número no podrá ser inferior a doscientos, y el valor global de su patrimonio deberá ser equivalente, a lo menos, a un mil sueldos vitales anuales de Santiago.